El pasado jueves el Congreso de los Diputados dio un paso más hacia la legalización de la eutanasia, al rechazar la enmienda a la totalidad a la ley propuesta por el PSOE, bajo la justificación del supuesto derecho a una “muerte digna”; al mismo tiempo, se rechazaba una ley alternativa de cuidados paliativos, propuesta por el PP Y VOX.
Ya, en el pasado febrero, cuando se presentó el proyecto de ley, con el que el gobierno mostraba su determinación de sacar adelante el proyecto radical de imponer a la sociedad una visión materialista del hombre y de la vida humana, expresé en esta misma Hoja Parroquial unas reflexiones que tal proyecto me sugerían. Ahora deseo destacar la confrontación de ese supuesto derecho a una muerte digna al derecho real de una “vida digna”.
El deber del Estado es el de permitir y facilitar a todos los ciudadanos una “vida digna”. El Estado tiene que respetar y hacer respetar la dignidad de toda persona humana y no hacerse cómplice de quienes vulneran la dignidad de la persona. La dignidad es una cualidad unida inseparablemente al ser humano, nace con el hombre, y permanece inviolable mientras el hombre esté vivo, y para los creyentes tras la muerte esa dignidad será elevada por Dios, su Creador, a su más alto grado. Por tanto, nadie, ni el Estado, ni profesional alguno de la medicina, ni familiares, ni si quiera el mismo sujeto puede moralmente vulnerar su dignidad, provocando su muerte, aun cuando se haga bajo el pretexto de evitar sufrimientos. Por el contrario, todo ser humano tiene derecho a vivir y a morir con dignidad. Esta dignidad a la hora de la muerte, exige, que la persona que se halla en ese duro trance, encuentre la atención médica que requiera para aliviar sus sufrimientos físicos, sentirse querido y acompañado de las personas a las que está unida por lazos de afectos familiares, de amistad…Además debe recibir atención sicológica y espiritual, (por eso, es un derecho de las personas poder contar con la asistencia de un sacerdote en hospitales, o de personas que presten las debidas atenciones espirituales acordes con sus creencias religiosas, derecho que algunos pretenden eliminar con el pretexto de la laicidad del Estado). Estos cuidados que se deben establecer y regular mediante una ley de cuidados paliativos, serán los que den paz, serenidad y consiguientemente encarar la muerte con una verdadera dignidad.
En las reflexiones que exponía en mi artículo de febrero decía: “La ley se presenta como una ley garantista, con una serie de requisitos muy estrictos, pero la experiencia nos demuestra que una vez abierta la puerta a esta posibilidad cada vez se relaja más el control de los requisitos y se amplía su aplicación”. Hace unos días me ha estremecido el relato de una persona amiga que me comentaba los sufrimientos añadidos en la etapa final de su marido, al recibir por parte de un médico que le asistía una receta que según opinión de otro profesional de la medicina únicamente serviría para poner fin a su vida; incluso el médico que le asistía llegó a proponerle que dejara de suministrarle alimento y agua. Un caso como este, afortunadamente excepcional, nos puede hacer caer en la cuenta de que hasta tal punto puede llegar a relajarse la aplicación de la ley, que nos veamos expuestos a la decisión personal de quien debería cuidarnos, de modo que lo que hoy es excepcional, bajo el amparo de una ley injusta se convierta en lo normal.
Para terminar les sugiero relean el artículo que publique en esta misma Hoja Parroquial el pasado 17 de febrero bajo el título: Propuesta cristiana ante el dolor y la muerte.
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