(DSI) LA AUTORIDAD POLÍTICA Por Rafael Serrano

Creo que en nuestros días es importante ser consciente del tesoro de esta Doctrina Social, que con frecuencia se apropian algunos políticos o ideólogos que por otra parte rechaza, si no atacan a la Iglesia. 

LA AUTORIDAD POLÍTICA 

Dios ha creado a los hombres sociales por naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común. Resulta, pues, necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija; una autoridad que, como la misma sociedad, surge de la naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, autor de la naturaleza. 

La autoridad política debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos, sino orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales. El ejercicio de la autoridad política “así en la comunidad en cuanto tal como en las instituciones representativas, debe realizarse siempre dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común – concebido dinámicamente- según el orden jurídico establecido o por establecer. Es entonces cuando los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer.” 

El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de la soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes y también en su sustitución, en caso de que no cumplan satisfactoriamente sus funciones. Si bien esto es un derecho válido en todo Estado y en cualquier régimen político, el sistema de la democracia, gracias a sus procedimientos de control, permite y garantiza su mejor actuación. Si estos medios de control del poder político se desvirtuaran, anulándolos, privándolos de eficacia o independencia de modo que resultaran inútiles, se desvirtuaría la democracia, de modo que incluso llegaría a perder toda legitimidad. En cualquier caso el solo consenso popular no es suficiente para considerar justas las modalidades del ejercicio de la autoridad política. 

La autoridad debe dejarse guiar por la ley moral: toda su dignidad deriva de ejercitarla en el ámbito del orden moral, “que tiene a Dios como primer principio y último fin”. 

La autoridad debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales Éstos son innatos, “derivan de la verdad misma del ser humano, y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir”. Estos valores no se fundan en “mayorías” de opinión mudables, sino que deben ser simplemente reconocidos, respetados y promovidos como elementos de una ley moral objetiva, ley natural inscrita en el corazón del hombre y punto de referencia normativo de la misma ley civil”. 

La autoridad debe emitir leyes justas, es decir, conformes a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón. Si una ley es contraria a la recta razón y al orden moral será una ley “injusta” y en tal caso deja de ser ley y se convierte en un acto de violencia. Si la autoridad pública no actúa en orden al bien común, desatiende su propio fin y por ello mismo se hace ilegítima. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. II, c. 8, nn. 393-398) 

Rafael Serrano Molina

COMUNIDAD POLÍTICA Y PUEBLO (DSI) Por Rafael Serrano

En mi nuevo envío sigo avanzando en la comprensión de la comunidad política, su función, alcance y límites de la misma y su relación con los pueblos y las personas que los integran, Creo que es importante tener claros estos conceptos, en estos tiempos en que la política ha invadido todas las dimensiones de la vida, reduciendo a la persona con frecuencia a un número o a un objeto manipulable. 

COMUNIDAD POLÍTICA Y PUEBLO 

“A cada pueblo corresponde normalmente una nación, pero, por diversas razones, no siempre los confines nacionales coinciden con los étnicos. Surge así la cuestión de las minorías, que históricamente han dado lugar a no pocos conflictos.” 

Se dan incluso dentro de un Estado grupos nacionalistas que aspiran a una independencia, basada en razones históricas y culturales, que en un momento de la historia común con el resto de comunidades, pueblos y regiones que conforman el Estado, han encontrado motivos para un distanciamiento y desunión dentro del mimo.

 “El Magisterio afirma que las minorías constituyen grupos con específicos derechos y deberes. En primer lugar, un grupo minoritario tiene derecho a la propia existencia. Además, las minorías tienen derecho a mantener su cultura, incluida su lengua. En la legítima reivindicación de sus derechos, las minorías pueden verse empujadas a buscar una mayor autonomía o incluso la independencia: en estas circunstancias, el diálogo y la negociación son el camino para alcanzar la paz. En todo caso el terrorismo es injustificable. Las minorías tienen también deberes que cumplir, entre los que se encuentra, sobre todo, la cooperación al bien común del Estado en que se hallan insertos. En particular, «el grupo minoritario tiene el deber de promover la libertad y la dignidad de cada uno de sus miembros y de respetar las decisiones de cada individuo, incluso cuando uno de ellos decidiera pasar a la cultura mayoritaria».” 

Estas afirmaciones del Magisterio que, indudablemente están referidas directamente a Estados en que se han agregado de modo artificial y con frecuencia violento grupos étnicos muy distintos, cabe también aplicarse en casos de nacionalismos o particularismos dentro de Estados históricamente conformados como unidad,, que comparten una cultura, una lengua, e incluso unas convicciones religiosas.

 TUTELAR Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS 

“Considerar a la persona humana como fundamento y fin de la comunidad política significa trabajar, ante todo, por el reconocimiento y el respeto de su dignidad mediante la tutela y la promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre.

 En los derechos humanos están condensadas las principales exigencias morales y jurídicas que deben presidir la construcción de la comunidad política. Estos constituyen una norma objetiva que es el fundamento del derecho positivo y que no puede ser ignorada por la comunidad política, porque la persona es, desde el punto de vista ontológico y como finalidad, anterior a aquella: el derecho positivo debe garantizar la satisfacción de las exigencias humanas fundamentales.”

El Estado no es, por tanto, generador de derecho, los llamados “nuevos derechos”, sino el garante de los derechos humanos, vinculados a las exigencias morales y jurídicas de la innata e inalienable dignidad de la persona humana. “Cuando el [derecho] se desvincula de toda verdad, la libertad se traduce inevitablemente en arbitrariedad.” (Andrés Ollero. Los nuevos derechos. Persona y derecho / vol. 66 / 2012/1) (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. II c. 8, nn. 384-389). 

Rafael Serrano Molina