El pasado viernes, día 22 de enero tuvo lugar la constitución de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, que agrupa a más de 140 asociaciones de toda España que, a lo largo de estos años, han defendido el derecho a la vida, la libertad y la dignidad. Entre estas asociaciones se encuentran la Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en democracia, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Foro de la familia, e-Cristians y la Federación Europea One of Us.
En el seno de una sociedad confinada por la pandemia del Coronavirus, que nos asola, y adormecida por los medios de comunicación afines al Gobierno, hay que saludar con esperanza el nacimiento de esta asociación, que nace “con voluntad de permanencia, para construir una voz unitaria desde la especificidad de cada una de estas asociaciones, para concienciar a la sociedad y constituirse en una verdadera alternativa cultural a la ideología dominante”.
Es verdaderamente lamentable que, cuando la sociedad española como todo el mundo, está angustiada por los efectos del coronavirus y la multitud de muertes que el mismo está produciendo, sea objetivo principal de nuestro gobierno regular el denominado “derecho a la muerte”, a través de ley reguladora de la Eutanasia, que ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, sin el necesario consenso que este tipo de leyes necesita (198 votos a favor y 138 en contra), y que pasará al Senado para su aprobación definitiva.
Se ha prescindido en esa tramitación, aprovechándose del estado de alarma, de la preceptiva consulta al Consejo de Estado y otros organismos consultores, y se ha prescindido expresamente del dictamen de la Comisión de Bioética de España que entre otras cosas señalaba que “legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio asistido supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos demuestra”.
Porque, en efecto, en el reducido grupo de países en que la eutanasia está reconocida (cuatro en todo el mundo: Bélgica, Holanda, Canadá y Colombia), su introducción, apelando siempre a los sentimientos y para evitar a los ciudadanos lo que se denomina “un sufrimiento inaceptable”, ha terminado dando lugar, dentro de la que se denomina “la pendiente resbaladiza”, a una banalización de la eutanasia, y así de una regulación más restrictiva, solo aplicable a enfermedades incurables que produzcan un dolor inasumible, se ha ido pasando a una regulación por motivos psíquicos (que plantea la duda incluso de si esa persona está en condiciones de prestar un consentimiento valido al efecto), y recientemente en Bélgica se ha llegado a la supresión del límite de edad, permitiéndose su aplicación a menores, a niños, sin ningún límite de edad.
Es, por tanto, una ley perversa que, a través de una apelación a los sentimientos, supone un retroceso de la civilización, y, desde luego, no es una ley progresista, porque lo verdaderamente progresista es defender el derecho a la vida y no un hipotético derecho a la muerte, desconocido en todas las civilizaciones y culturas.
Se pretende, a través del concepto de “muerte digna” hacer prevalecer el concepto de “calidad de vida”, defendiendo así que “la vida solo es digna cuando tiene un nivel aceptable de calidad, según el juicio del propio sujeto o de un tercero, incluso en presencia de un malestar psíquico, de manera que cuando la calidad de vida parece pobre, no merece la pena prolongarla. No se reconoce que la vida humana tiene un valor en sí misma”. (Samaritanum Bonum).
No se trata tampoco en este tema, como se pretende hacer creer, de imponer nuestras creencias, las cristianas en este caso, pero también de las de prácticamente todas las religiones, a los demás, sino que más bien es una cuestión de carácter científico y de derechos humanos, entroncado con el universalmente admitido principio del respeto a la vida. Así lo reconoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 2002 en la que rehusó reconocer un derecho a la muerte, señalando que lo que si existía claramente era un derecho a la vida.
Hay, además, muchas otras cuestiones en dicha ley que resultan difíciles de admitir, como por ejemplo el tema de la objeción de conciencia que se pretende regular mediante la inscripción en un registro de aquellos médicos que se nieguen a practicar la eutanasia (con las consecuencias laborales y profesionales que ello les pueda acarrear), cuando lo correcto será que sean los médicos que estén dispuestos a practicarla los que se inscriban en dicho registro, para no recortar así el derecho a la objeción de conciencia.
Resultaron, en este sentido, sumamente esclarecedoras las palabras del Presidente del Colegio de Médicos de Madrid, en la constitución de la Asamblea, cuando señalaba que la eutanasia, (producir la muerte a otra persona), no es en realidad un acto médico. Los médicos estudian y se preparan para curar y salvar vidas y no para producir la muerte de otros. Y si se pretende que existan unos profesionales que se ocupen del tema sería conveniente que se creara una profesión al efecto, como ocurría con los antiguos verdugos.
No existe un derecho a la muerte, es erróneo apelar a un concepto de “muerte digna” para justificar la eutanasia, y lo que una sociedad moderna y civilizada debe procurar es generalizar los cuidados paliativos, destinando los recursos adecuados para ello, y posibilitando a sus ciudadanos hacer frente a esos últimos momentos de la vida en las mejores condiciones, sin dolor y acompañados del cariño de sus familiares. Como recientemente ha señalado el Papa Francisco la finalidad del obrar médico y de la enfermería es “curar si es posible, cuidar siempre”, porque es cierto que hay enfermos incurables pero no hay enfermos incuidables.
Por todo ello hay que felicitarse del nacimiento de esta Asamblea de Asociaciones que, como señala su manifiesto constitutivo, servirá para “dar respuesta a la preocupación y rechazo de millones de españoles a algunas de las prioridades legislativas que el Gobierno ha anunciado durante los últimos meses en plena pandemia”. Los miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, que tanto nos alegramos de su aparición, nos comprometemos a trabajar por sus objetivos, sabedores de que su cumplimiento redundará en una mejora de nuestra sociedad.
Manuel Gómez
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