Hace un par de días, Carlos Colón advertía, desde estas mismas páginas, de la improvisación y falta de criterio que se adivina en las declaraciones de los responsables políticos ante el ya inminente nuevo curso escolar. No debemos sorprendernos demasiado porque esta viene siendo la tónica en todo lo que afecta a la pandemia y sus consecuencias, no importa de qué asunto concreto se trate. Este ir a trancas y barrancas tiene un doble efecto, a cuál más pernicioso: desde luego, aumenta el desastre social que el coronavirus está suponiendo; pero, por otra parte, hace que el sufrido ciudadano perciba en la crisis una gravedad aún mayor de la que objetivamente ya tiene. Surge así una reacción de temor, de indefensión ante el impacto de un mal aplastante de cariz casi bíblico. Lo que no es sino consecuencia del mal gobierno, curiosamente contribuye a diluir las responsabilidades de los mandatarios y es asumido por las buenas gentes en términos de autoculpa, de pecado colectivo que todos debemos purgar.
La posibilidad de que los niños no puedan acudir a los colegios en sus horarios normales, que se maneja con frivolidad característica por la Administración, los medios y los diversos sindicatos del mundo de la enseñanza, sería, sin embargo, un desastre inasumible para millones de familias que se verían imposibilitadas de conciliar la atención a sus hijos con la de sus trabajos. Trabajos que, no lo olvidemos, rinden impuestos y sostienen el debilitado entramado económico y de atención social. No todo el mundo puede echar mano de los sacrificados abuelos ni, aún menos, dado el nivel de ingresos de las parejas jóvenes, recurrir a ayuda remunerada. El teletrabajo es visto por algunos como una tabla de salvación, pero ni es posible para la gran mayoría ni es deseable en modo alguno que se establezca como forma ordinaria de solución de este tipo de problemas. Cabe preguntarse en qué están pensando las asociaciones de padres de familia que todavía, pese al angustioso panorama para tantos, no alzan su voz.
Muchos nos espantamos de la brutal crisis de natalidad que padecemos en España, pero tener hijos es hoy un pésimo negocio sin la menor compensación social. Situaciones como la que ahora amenaza a los padres lo demuestran. ¿Cómo es posible que nadie, empezando por partidos políticos que se dicen tan preocupados por la gente, esté solicitando ayudas o desgravaciones fiscales para quienes no tengan más remedio que apelar a la contratación de cuidadores?
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