Me parece necesario que reflexionemos como cristianos sobre este asunto. Todos los días nos llegan noticias a través de los medios de pateras que arriban a nuestras costas en la que se amontonan decenas y a veces cientos de inmigrantes, que han pasado muchos días en las aguas del Mediterráneo y se encuentran exhaustos, con frecuencia afectados por hipotermia, entre los que se hallan también mujeres embarazadas y menores incluso de meses. Con frecuencia estas pateras son interceptadas por los servicios marítimos de salvamento o naufragan, ahogándose muchos de los que en ellas trataban de alcanzar nuestras costas. Medios audiovisuales, como la TV, nos ofrecen imágenes de estos sucesos impactantes, como la que hemos visto hace unos días, en los que una madre clamaba por su bebé al que trataban de salvar los equipos de rescate, tras ceder el suelo de la patera en que navegaban.
Ante estos hechos el cristiano no puede permanecer indiferente, ni desentenderse de estas tragedias. Son personas humanas, con toda la dignidad de hijos de Dios, por quienes Cristo ofreció su vida y que están destinados a una vida eterna en la casa del Padre. Lo primero que tenemos que hacer es “derribar los muros del corazón” para darle acogida a todas estas personas en nuestro amor y en nuestra preocupación. Esta acogida en el corazón se traducirá en la vida ordinaria en nuestro trato con estas personas cuando las vayamos encontrando en las calles de nuestra ciudad, en darle en la medida de nuestras posibilidades ayuda y apoyo y hacerlas objeto de nuestra preocupación. Dicho esto, hemos de hacer llegar a nuestros representantes políticos, al Gobierno y a todas las instituciones implicadas en este problema nuestra voz para exigirles una actuación decidida para la regulación justa y ordenada de los flujos migratorios, de manera que estos no sean promovidos por mafias que los explotan, los abandonan a su suerte, quedando en situaciones infrahumanas, bien sea en los CIES, bien sean vagando en situación irregular después de huir de los agentes oficiales. Entre las actuaciones que han de adoptar las autoridades están la lucha implacable contra las mafias que trafican con personas humanas, que exigen a los que en su desesperación buscan una salida costes exorbitantes por meterlos en una patera o incluso en balsas de juguete para lanzarlos a alta mar corriendo riesgos extremos, abandonándolos después a su suerte. Deben también los Gobiernos dar la ayuda económica necesaria a los países de origen de estos inmigrantes para que puedan desarrollarse y ofrecer oportunidades de trabajo sin necesidad de salir de su país. Han de canalizar también las emigraciones de modo que se hagan regularmente, a través de organismos oficiales que garanticen que su traslado y su posterior situación en el país sea legal y acorde con la dignidad de las personas. Esto supone que podrán integrarse en el país de destino con plenitud de derechos y obligaciones como cualquier ciudadano del mismo.
La postura de la Iglesia es clara en esta materia, como ya está recogida en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia ( II. C. 6 nn. 297-298) y recientemente nos la ha recordado el Papa Francisco en su Encíclica Fratelli tutti (pfos. 37-41): “Las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo. Pero hoy están afectadas por una «pérdida de ese “sentido de la responsabilidad fraterna”, sobre el que se basa toda sociedad civil». Europa, por ejemplo, corre serios riesgos de ir por esa senda. Sin embargo, «inspirándose en su gran patrimonio cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios para defender la centralidad de la persona humana y encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos, por una parte, y por otra, el de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes»
Rafael Serrano Molina
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