Continúo el análisis de las condiciones y elementos que deben constituir una democracia tal y como la requiere la dignidad de la persona, según la Doctrina Social de la Iglesia.
El sistema de la democracia. Instituciones y democracia
El Magisterio reconoce la validez del principio de la división de poderes en un Estado: «Es preferible que un poder (legislativo, ejecutivo o judicial) esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantenga en su justo límite. Es éste el principio del “Estado de derecho”, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres.»
En el sistema democrático, la autoridad política es responsable ante el pueblo. Los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Este control es posible ante todo mediante elecciones libres, que permiten la elección y también la sustitución de los representantes. La obligación por parte de los electos de rendir cuentas de su proceder, garantizado por el respeto de los plazos electorales, es un elemento constitutivo de la representación democrática.
En su campo específico (elaboración de leyes, actividad de gobierno y control sobre ella), los electos deben empeñarse en la búsqueda y en la actuación de lo que pueda ayudar al buen funcionamiento de la convivencia civil en su conjunto. La obligación de los gobernantes de responder a los gobernados no implica que los representantes sean simples agentes pasivos de los electores. El control ejercido por los ciudadanos, en efecto, no excluye la necesaria libertad que tienen los electos, en el ejercicio de su mandato, con relación a los objetivos que se deben proponer; éstos no dependen exclusivamente de intereses de parte, sino en medida mucho mayor de la función de síntesis y de mediación en vistas al bien común.
La componente moral de la representación política
Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales. En esta perspectiva han de ejercer la práctica del poder con espíritu de servicio; han de asumir auténticamente como finalidad de su actuación el bien común y no el logro de ventajas personales.
Entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social; compromete el correcto funcionamiento del Estado; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones.
La administración pública, a cualquier nivel –nacional, regional, municipal-, como instrumento del Estado, tiene como finalidad servir a los ciudadanos. «El Estado, al servicio de los ciudadanos, es el gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar con vistas al bien común».
El papel de quien trabaja en la administración pública ha de concebirse como una ayuda al ciudadano, ejercida con espíritu de servicio.
Bajo estos principios el sistema democrático será realmente el que mejor se adecúa a la dignidad de las personas, haciéndose éstas a su vez corresponsables del bien común. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. II, c. 8 nn. 408-412)
Rafael Serrano
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