El ambiente, un bien colectivo
La tutela del medio ambiente constituye un desafío para la entera humanidad: se trata del deber común y universal, de respetar un bien colectivo, destinado a todos, impidiendo que se puedan <<utilizar impunemente las diversas categorías de seres, vivos o inanimados –animales, plantas, elementos naturales-, como mejor apetezca, según las propias exigencias>>. Es una responsabilidad que debe crecer, teniendo en cuenta la globalidad de la actual crisis ecológica y la consiguiente necesidad de afrontarla globalmente, ya que todos los seres dependen unos de otros en el orden universal establecido por el Creador.
Esta perspectiva adquiere una importancia particular cuando se considera, en el contexto de los estrechos vínculos que unen entre sí a los diversos ecosistemas, el valor ambiental de la biodiversidad, que se ha de tratar con sentido de la responsabilidad y proteger adecuadamente, porque constituye una riqueza extraordinaria para toda la humanidad.
Podemos destacar, por ejemplo, “la importancia de la región amazónica, <<uno de los espacios naturales más apreciados en el mundo por su diversidad biológica, siendo vital para el equilibrio ambiental de todo el planeta>>. Los bosques contribuyen a mantener los esenciales equilibrios naturales, indispensables para la vida. Su destrucción, incluida la causada por los irrazonables incendios dolosos, acelera los procesos de desertificación con peligrosas consecuencias para las reservas de agua y pone en peligro la vida de muchos pueblos indígenas y el bienestar de las futuras generaciones. Todos, personas y sujetos institucionales, deben sentirse comprometidos en la protección del patrimonio forestal, y, donde sea necesario, promover programas adecuados de reforestación.
La responsabilidad de salvaguardar el medio ambiente, patrimonio común del género humano, se extiendo no sólo a las exigencias del presente, sino también a las del futuro: <<Herederos de generaciones pasadas y beneficiándonos del trabajo de nuestros contemporáneos, estamos obligados para con todos y no podemos desinteresarnos de los que vendrán a aumentar todavía más el círculo de la familia humana. La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber>>. Se trata de una responsabilidad que las generaciones presentes tienen respecto a las futuras, una responsabilidad que incumbe también a cada Estado y a la comunidad internacional.
La programación del desarrollo económico debe considerar atentamente <<la necesidad de respetar la integridad y los ritmos de la naturaleza>>, porque los recursos naturales son limitados y algunos no son renovables. El actual ritmo de explotación amenaza seriamente la disponibilidad de algunos recursos naturales para el presente y el futuro. La solución del problema ecológico exige que la actividad económica respete mejor el medio ambiente, conciliando las exigencias del desarrollo económico con las de la protección ambiental. En este contexto se deben considerar las relaciones entre la actividad humana y los cambios climáticos que, debido a su extrema complejidad, deben ser oportuna y constantemente vigilados a nivel científico, político y jurídico, nacional e internacional. El clima es un bien que debe ser protegido y requiere que los consumidores y los agentes de las actividades industriales desarrollen un mayor sentido de responsabilidad en sus comportamientos.
Una economía que respete el medio ambiente no buscará únicamente el objetivo del máximo beneficio, porque la protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo financiero de costos y beneficios.
Una particular atención deberá atribuirse a la compleja problemática de los recursos energéticos. Estos recursos deben ser puestos al servicio de toda la humanidad. En una perspectiva moral caracterizada por la equidad y la solidaridad intergeneracional se deberá continuar, con la colaboración científica, a identificar nuevas fuentes energéticas, a desarrollar las alternativas y a elevar la seguridad de la energía nuclear.
La relación que los pueblos indígenas tienen con su tierra y sus recursos merece una consideración especial: se trata de una expresión fundamental de su identidad. Muchos pueblos han perdido o corren el riesgo de perder las tierras en que viven, a las que está vinculado el sentido de su existencia, a causa de poderosos intereses agrícolas e industriales, o condicionados por procesos de asimilación y de urbanización. Los derechos de los pueblos indígenas deben ser tutelados oportunamente. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. II c. 10, nn. 466-471)
Rafael Serrano Molina
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