Realizo el post de hoy basándome en un escrito que he recibo de la Fundación Educatio Servanda y que me consta que su contenido se puede extender a muchos otros colegios concertados.
Decía ayer la Ministra Celaa, entre otras cosas a las que no hace falta referirnos, que “la sociedad está necesitando información constante y a tiempo real”. Y tiene razón.
Decía ayer la Ministra Celaa, entre otras cosas a las que no hace falta referirnos, que “la sociedad está necesitando información constante y a tiempo real”. Y tiene razón.
La sociedad necesita una información veraz y accesible que le permita reflexionar y tomar decisiones acordes a sus valores. Por eso, desde Educatio Servanda, queremos seguir alertándote del acoso constante a la escuela concertada, católica en su mayoría, que continúa incluso en este tiempo de pandemia.
En los últimos días hemos leído informaciones que atentan contra los colegios concertados. Cosas como estas:
"Tenemos algún caso en el que le han incrementado hasta tres veces la cuota sin explicación”
¿Por qué no dicen la verdad? En los 7 colegios Juan Pablo II que dependen de esta fundación, ni hemos triplicado la cuota voluntaria, ni hemos cobrado servicios no prestados.
¿Hasta cuándo podrán sostenerse los centros con el nivel de infrafinanciación que sufren las escuelas concertadas y del que te informábamos en nuestro último correo? ¿Uno, dos, tres meses?
¿Y luego qué,? ¿qué nuevas sugerencias se les ocurrirán con tal de debilitar aún más la ya de por sí frágil situación de la enseñanza concertada?
En lugar de alentar a las familias a que devuelvan sus aportaciones, ¿no sería más razonable que recibiesen una ayuda del Estado para lo que queda de curso?. De hecho, es lo que está proponiendo en otros sectores. ¿Por qué no hace lo mismo con las familias que siempre están pagado la infrafinanción de la concertada?
Si esas familias no reciben ayudas pero se les incita a devolver las aportaciones, ¿cómo se pagarán la mayor parte de las nóminas del personal de administración y servicios?, ¿y las cuantiosas hipotecas que se solicitaron para la construcción de los centros?, ¿y el mantenimiento de esos inmuebles?, ¿y los gastos extraordinarios como las licencias para ofrecer la formación online que la propia administración nos ha pedido?
¿Qué haremos entonces? Inevitablemente, los colegios se verán abocados al cierre. En cuyo caso, ¿a dónde llevaremos a nuestros hijos?
Seamos claros, ¿se trata de un problema económico o, por el contrario, somos víctimas de un ataque velado cuyo objetivo no es otro que el de acabar, de una vez por todas, con un modelo de enseñanza que disiente de la ideología dominante?
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