Tribunal Constitucional ha avalado en una votación dividida la Ley del Aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, objeto de un recurso que se resuelve trece años después, con una mayoría de magistrados autodenominados «progresistas» y cercanos al sucesor de aquel presidente y promotor de una ampliación legislativa de ese inexistente derecho.
No ha habido sorpresas de última hora, y el órgano refrenda la constitucionalidad de una norma que ha interrumpido cerca de 100.000 embarazos anuales, una cifra dramática siempre, pero especialmente en una sociedad con la natalidad desplomada hasta niveles históricos.
Y lo hace, tal y como ha adelantado El Debate, considerando que el supuesto derecho de la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo prevalece sobre el derecho a nacer del bebé que engendra ella misma, con la misma doctrina inhumana que ya le llevó al TC a respaldar otra ley igual de deplorable, la de la eutanasia.
Aunque es cierto que el Constitucional no considera a ninguna de esas dos prácticas un «derecho fundamental», los sitúa por encima de la propia vida en determinadas circunstancias teóricas que, en la práctica, las consagra todas: basta con que una mujer no quiera seguir con la gestación para que el Estado le ofrezca las herramientas médicas para culminar su objetivo, sin darle las alternativas suficientes para que reflexione y tal vez elija otra opción.
Considerar que leyes así consagran avances sociales, como dicen sus promotores, equivale a aceptar que la mejor respuesta que pueden dar los poderes públicos a personas necesitadas de ayuda, guía y recursos es la única de todas ellas con carácter irreversible.
Y despreciar la evidencia de que, con otras alternativas, la decisión puede cambiar, añade a la deplorable inhumanidad conceptual de la norma una obscena dejación de funciones.
No se impulsa un «derecho», pues, se les hurta a los seres humanos todas las opciones que debiera tomar a su alcance para elegir con verdadera libertad un camino distinto, más respetuoso consigo mismo y con otro ser vivo indefenso, sin opinión y desprotegido en su momento de mayor debilidad.
Una sociedad decente se caracteriza por todo lo contrario a legislaciones como las que, en España, subordinan la vida a factores menores, buscando excusas para legitimar un ataque frontal al principal de los derechos, que es la vida.
Y si esto ya es triste, alcanza el paroxismo cuando además de consagrar el derecho a frustrar la vida, lo pone de alguna forma de moda. Porque las dos leyes abortistas de Zapatero y de Sánchez vienen impulsadas por el mismo delirio de que la maternidad es, de algún modo, una deficiencia, tara o inconveniente para la realización de la mujer, cuando es el mayor de sus dones.
Nada hay de avanzado en frustrar bebés en ciernes, como tampoco en ofrecer una inyección letal a un enfermo, y reforzar esos falsos derechos abre el camino a que se invoquen en cualquier circunstancia. Con el aborto ya ha pasado, hasta el punto de permitirlo en menores de edad sin participación alguna de sus propios padres. Y con la eutanasia ocurrirá: una vez se reconoce esa potestad para unos casos, será imposible rechazarlo para cualquiera. Es cuestión de tiempo.
Por todo ello, el próximo Gobierno de España, si es distinto al actual, ha de ser firme en su propósito de derogar toda la legislación ideológica e inhumana impulsada por el PSOE y sus socios: sin excepciones, sin demoras y sin titubeos. Y contando con que este Tribunal Constitucional conformado al servicio de Sánchez hará lo imposible por mantener su legado cuando él, afortunadamente, no ocupe ya la Presidencia.
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